¿Dónde estaban todos los firmantes de manifiestos federalistas cuando el PP recogía firmas por España en contra del Estatut, o cuando el Constitucional laminó el texto sometido a referendo de los catalanes?, se preguntan los partidarios de dar por fracasada toda posibilidad de recomponer las bases de convivencia.

Lo cierto es que durante mucho tiempo el silencio de la sociedad civil española ha sido clamoroso, por no hablar de cómo el PSOE ha pasado de puntillas sobre la cuestión. Sin ir más lejos, en la Festa de la Rosa del pasado septiembre, que organiza anualmente el PSC, Rubalcaba se resistió como gato panza arriba a pronunciar en su discurso la palabra federalismo, rescatada por Pere Navarro del baúl de los recuerdos, y aún hoy es la hora de que el líder del PSOE deje de escudarse en su florido verbo para aclarar si comparte la tesis de los socialistas catalanes de que Catalunya tiene derecho a decidir, ni que sea previa reforma de la Constitución.

Pues bien, después de que hayamos conocido el borrador de la reforma de la enseñanza que promueve el ministro Wert, que pone en cuestión el modelo educativo catalán, desarrollado sin conflicto alguno en los últimos 30 años, a los federalistas del resto de España se les presenta una oportunidad de oro para demostrar ante sus detractores independentistas y ante la mayoría de los catalanes que la solidaridad va más allá de estampar la firma al pie de un manifiesto de impecable redacción.

José Ignacio Wert, Mariano Rajoy y el partido que respalda su mayoría absoluta en las Cortes tienen que darse cuenta de que su proyecto es una agresión a un modelo que defiende sin fisuras la comunidad educativa y una amplísima mayoria de la sociedad catalana, reflejada  nada menos que en 107 de los 135 diputados del Parlament, pero que, además, supone un torpedo en toda regla contra la existencia de la  España plural, la única España posible en democracia.

Tan alto como la voz de la mayoría de Catalunya, debería escucharse ahora también de forma nítida la de los ciudadanos del resto de España que creen en un modelo de Estado en el que la cultura catalana y su lengua propia tengan la consideración que les corresponde y dejen de ser tratadas como un factor de inestabilidad y subversión. Es una oportunidad única para pasar de las buenas palabras a los hechos.

A las primeras de cambio va el ministro Wert y pone en marcha su anteproyecto de ley de educación, que, entre otras medidas, pretende erradicar en la práctica el catalán de la escuela. Realmente empieza a ser preocupante el nivel de estos políticos que nos está tocando vivir por su escasa capacidad de análisis, empezando por el president Artur Mas, que no supo interpretar la manifestación del último Onze de Setembre, ni que los votos que consiguió hace dos años eran prestados, ni fue capaz de prever que el 25 de noviembre perdería 12 diputados en lugar de obtener la mayoría absoluta. Ahora aparece el incendiario de Wert, que por  lo visto tampoco ha sabido leer correctamente los últimos resultados electorales en Catalunya.

Ante esta nula capacidad de análisis de la clase política, es lógico que los ciudadanos se interroguen seriamente y con cierta alarma sobre si nuestros gobernantes son lo suficiente competentes para tomar decisiones que determinan el futuro y calidad de vida de miles de personas. Las dudas son sumamente inquietantes, y quizá sea lo anterior lo que explica que todas las medidas que se están tomando para combatir la crisis no hacen más que empeorarla, porque por lo visto la capacidad política de análisis generalizada en este país está al nivel de una lata de atún.

Acto segundo: Noche del 21 de marzo del 2000. José María Aznar lo ha logrado. Ya tiene  la mayoría absoluta que perseguía en su reelección como presidente del Gobierno. Esta vez puede saludar desde el balcón de la sede del PP en la calle Génova de Madrid con la sonrisa franca dibujada en el  rostro, sin el gesto contenido de 1996, aquel día del ‘Pujol, enano habla castellano’ que coreaban sus seguidores, cuando él ya sabía que su ajustada victoria le abocaba al ‘pacto del Majestic’. Victoria abrumadora, sí, pero sustentada más sobre el fracaso del adversario, el PSOE, que sobre el mérito propio. En realidad, el PP ha logrado solo 500.000 votos más que en 1996. La gran diferencia esta vez es que los votantes socialistas, decepcionados ante la multitud de escándalos y el débil liderazgo de Joaquín Almunia, han decidido quedarse en casa, refugiarse en la abstención. Por eso el 21-M ostenta el récord de menor participación en las 10 elecciones legislativas registradas desde 1977 en España. En Catalunya ese día solo vota un discreto 64,7%

Acto tercero: Tarde del 11 de septiembre del 2012. Una impresionante multitud –¿600.000, millón y medio, dos millones de personas?– ocupa el centro de Barcelona con un diáfano clamor a favor de la independencia y marcha tras una pancarta sin matices: ‘Catalunya, nou estat d’Europa’. Dos semanas después, el presidente de la Generalitat disuelve el Parlament para llamar a consulta a los ciudadanos, interpretando que la oleada soberanista y el ‘no’ de Rajoy a negociar el pacto fiscal cambian los planes de la legislatura, y que los catalanes han de refrendar en las urnas lo que se supone es el sentir mayoritario en la calle.

Acto cuarto: Domingo 25 de noviembre. Catalunya tiene su cita más importante con las urnas desde la restauración democrática, sea cual sea la opinión que se tenga sobre el proceso que se ha abierto. Las encuestas que hemos conocido estas semanas centran la atención en si CiU logrará o no la mayoría absoluta; en la apretada pugna entre PSC, PP y ERC por hacerse con la segunda plaza del Parlament, y en otras entretenidas variables, teniendo en cuenta que en la pluralidad catalana hay hasta nueve opciones con posibilidades de lograr escaño, desde la extrema derecha xenófoba (PxC) a la izquierda antisistema e independentista (CUP). Pero una gran incógnita pesa sobre una cuestión clave: ¿Qué participación habrá en estos comicios?

Dos meses y medio después de la manifestación más multitudinaria de los últimos tiempos en Europa puede darse la paradoja de que repitamos una de nuestras discretas votaciones. ¿Se mantendrá el estigma de que la menor participación de los catalanes en unas legislativas es aún superior en tres décimas a la mayor participación en unas autonómicas? En las dos grandes hitos de las legislativas –el 28 de octubre de 1982, cuando Felipe González logró su primera y más amplia mayoría absoluta, y el 14 de marzo del 2004, cuando se produjo la reacción popular contra las mentiras del Gobierno Aznar sobre los atentados del 11-M–, la participación en Catalunya fue del 80,7% y el 77% respectivamente. Ana Botella diría meses después del 14-M: “Cuando vimos el índice de participación en Catalunya, supimos que habíamos perdido las elecciones”.

Las manifestaciones ofrecen resultados de asistencia dispares –a menudo, sonrojantes– en función de la vara que las mide y el ojo que las cuenta. En las urnas, los votos son incuestionables. Ahí es donde de verdad cuenta la movilización popular. Y entre el récord de participación de las legislativas y de las autonómicas hay más de 16 puntos de diferencia. Sobre el censo de hoy, está diferencia representa casi a un millón de personas. ¿Podemos permitirnos el domingo, cuando iremos a votar ante la atenta mirada de Europa y de medio mundo, encontrarnos con una clamorosa manifestación de un millón de silencios?

De lo primero, verdadero detonante de que hoy estemos camino de las urnas, se ha hablado mucho en estos dos últimos meses, desde que una marea humana mandó una señal inequívoca de la magnitud del deterioro de las relaciones entre Catalunya y el resto de España. Pasados los primeros momentos de estupor, los mensajes que los catalanes hemos recibido antes y durante la campaña han sido fundamentalmente apocalípticos y descalificadores. Nos han tildado de nazis, xenófobos o genocidas en potencia, si se suponía que compartíamos el proyecto secesionista, y poco menos que tontos de remate si simplemente se nos ocurría albergar alguna presunción de que las cosas no podían seguir como hasta ahora.

La corriente mayoritaria de las reacciones tierra adentro ha sido la de augurar todo tipo de males y penurias. En su afán por echar a Catalunya de la UE, algunos la querrían expulsar hasta de Europa. Vaticinan catástrofes económicas que bordean el ridículo y que, curiosamente, caso de producirse, ni siquiera afectarían a las dos partes del contencioso, sino solo a una. Hace unos días un diario de Madrid auguraba que Catalunya perdería el 19% de su PIB si se separara de España, olvidando algo mucho más obvio, y es que llegado el caso, quien perdería seguro casi el 19% de su PIB sería el resto de España, porque esa es la aportación catalana a la riqueza conjunta. Una razón poderosa para pensar que las presuntas desgracias, que serían mutuas, deberían invitar más al diálogo que a la amenaza.

Hemos asistido también a desacomplejadas lecciones de historia –ahora que hablar de historia ha dejado de ser una cosa ridícula y trasnochada– en las que Catalunya habría sido, en el mejor de los casos y durante siglos,  poco más que la playa de Aragón desde que el conde catalán –de la Casa de Barcelona– Ramon Berenguer IV se comprometiera con doña Petronila (solo tenía dos añitos), allá por el 1137, como Federico Trillo se esmeraba en contarle al Financial Times hace unos días.

Incluso los federalistas firmantes de manifiestos, que estuvieron mudos en los años en que la desafección se iba incubando, tienden una mano para proponer nuevas formas de relación, mientras con la otra no pueden evitar soltar una colleja paternalista por esa tendencia malsana de los catalanes a la singularidad. En suma, en estos dos meses, hemos percibido muchas más apelaciones al miedo y al reproche antes que al diálogo como método encontrar una salida a una situación más que complicada.

Sobre la segunda cuestión, sobre la gestión de la tremenda crisis económica que amenza con desballestar el Estado del bienestar, se aprecia un manifiesto interés por debatir menos. Unos, quienes gobiernan aquí y allá, porque al margen de la bandera que ondeen, insisten en lo inevitable de seguir apurando el cáliz de la pócima para sanar al  moribundo. Y otros porque, mientras Catalunya no llegue a Icària, les parece imposible plantearse mitigar el paro, las listas de espera, los desahucios y toda suerte de lacerantes injusticias. En la España de hoy, en definitiva no habría salida para los problemas cotidianos de los catalanes. Si, como augura algún candidato, la Catalunya independiente será el Estado “con mayor superávit de Occidente”, habrá que esperar como mínimo al 2014 para empezar a atar a los perros con longanizas. Por una u otra razón, son muchas las voces que emiten el mensaje único de la resignación. Aguantar hasta que cambie el ciclo económico o aguantar hasta la independencia.

De esta forma se da la paradoja de que mientras se supone que somos un pueblo tan fuerte como para cuestionar el Tratado de Utrecht, que puso fin a la guerra de Sucesión, y los diferentes tratados de la Unión Europea que no prevén modificar el mapa de la Europa de los estados, a la vez somos tremendamente débiles para redibujar siquiera la línea de puntos por la que tiene que pasar la tijera del recorte o del ajuste. Para distribuir de forma más equitativa el reparto de las cargas que nos deja este gran despropósito financiero.

Hasta el día 25 vamos a seguir oyendo de todo (y de lo mismo), pero vale la pena recordar que somos ciudadanos libres, que el próximo domingo tenemos una cita con las urnas. Ese día podemos ejercer el derecho a decidir tanto sobre nuestro futuro como pueblo como sobre la forma en que deseamos gestionar la crisis. Ese día tenemos la posibilidad de hacernos oír, dejando a un lado el miedo que nos pretenden infundir y la resignación que nos quieren inculcar.