Un nuevo pacto social

El bufete Cremades&Calvo Sotelo -nada sospechoso de rojo pancartero- lanzó este miércoles el siguiente tuit: “Se requiere una nueva inyección de principios democráticos que involucren a los ciudadanos en el gobierno de la sociedad”. Es una reacción inteligente y sensata propia de alguien que entendió el alcance y el significado de la tercera huelga general desde mayo de 2010. Desde entonces, la crisis en España tiene una dimensión política e institucional que supera los contornos del drama económico y social derivado del paro, la recesión, los recortes, el desplome del sector inmobiliario y financiero, etc. Los déficits del funcionamiento de la democracia se han evidenciado una y otra vez: el estallido del 15-M, la desconfianza en el sistema de partidos, el empujón independentista en Catalunya… Voces diferentes pero siempre la misma canción que denuncia Cremades&Calvo Sotelo: desconexión entre representantes y representados, falta de sensibilidad del poder y sensación de impotencia de la ciudadanía.
Los últimos acontecimientos ofrecen una nueva oportunidad para dar el vuelco a esta situación. Excepto cierta prensa de Madrid que vive anclada en sus guerras decimonónicas, cualquier observador atento ha visto que el paro del 14-N ha sido también una revuelta de la clase media que esta vez se ha unido a los trabajadores y a los jóvenes en el clamor contra las consecuencias de las políticas contra la crisis. Este miércoles en el nada revolucionario Eixample de Barcelona podían leerse en algunos comercios carteles como éste: “cerrado por adhesión a la huelga general”. Las víctimas concienciadas de la crisis ya son mayoría entre la clase nuclear de la economía de mercado y de la democracia representativa. Sin ellos, no hay salida de la crisis. Lo saben los mercados, y lo saben los spin doctors. El segundo elemento positivo es el inicio del proceso de emancipación de la clase política española respecto a la banca. La negociación PP-PSOE sobre el drama de los desahucios significa que han dejado de competir por los créditos de Botín y de González y han decidido que esta crisis ha de arruinar a quienes más riesgos asumieron no a quienes más hipoteca suscribieron. Y el último elemento esperanzador es la inédita comparecencia de la tarde del miércoles del comisario Oli Rehn anunciando que Europa no pedirá a España más hachazos en lo que resta del 2012 y en el 2013 siempre que Rajoy mantenga las medidas adoptados de reducción del déficit estructural que, como consecuencia de la recesión, no da los resultados anunciados en términos porcentuales pero si absolutos.
En este contexto, España debería intentar un nuevo pacto social. Si fue imposible para torear la crisis, debería serlo para iniciar la recuperación. Todos los implicados han aprendido en estos dos primeros años que querer salvarlo todo puede llevar a quedarse sin nada. Partidos políticos, patronales, sindicatos y autonomías deberían sentarse en una mesa y negociar unas nuevas reglas del juego que equilibren los riesgos de empresarios y trabajadores en la actividad económica, que conjuguen la aportación a la competitividad de los esfuerzos salariales y de la inversión, que pongan en cintura al poder financiero, que salven lo que queda del sistema de protección social y las inversiones productivas, que rompan el aislamiento de las cúpulas de los partidos y de las organizaciones sociales respecto a los ciudadanos, que equilibren el poder territorial y que eliminen las duplicidades partitocráticas. Solo desde un nuevo pacto social, los sacrificios de estos dos años y los que vendrán permitirán salir de la crisis sin romper la paz social.