Los resultados de las elecciones del domingo en Andalucía y Asturias –a falta del recuento del voto inmigrante en el Principado, que podría cambiar las cosas– ofrecen el mismo panorama, los que han ganado no podrán gobernar. Ni los populares podrán hacerlo en Andalucía, ni los socialistas, en Asturias. La razón es bien clara. Con el sistema electoral español, los ciudadanos eligen parlamentos y son estos en función de su composición los quen tienen capacidad para decidir quién puede fomar Gobierno. Si una fuerza política logra la mayoría absoluta –caso del PP en el Congreso de los Diputados— hay poco de que hablar y el camino está expedito. Si nadie tiene esa mayoría, logrará formar Gobierno quien consiga un apoyo parlamentario más amplio. Tan sencilla es esta regla que hoy, se analicen desde el prisma que se analicen los resultados del domingo en la prensa de cualquier color, nadie la discute. Los vencedores tienen el legítimo derecho a exhibir su victoria en votos o escaños, como los segundos o terceros a destacar que han evitado el desastre anunciado o que han ganado más de lo previsto (ya se sabe que en la noche electoral todos ganan). Pero al final, quien gobernará será el que logre sumar más papeletas en la urna parlamentaria.
Viene a cuenta tan elemental constatación porque aún tenemos vivo en nuestra mente los siete años de tripartido catalán, que fueron sistemáticamente deslegitimados por el hecho de que una “alinaza de perdedores” arrebatara a CiU, primera fuerza política en las urnas, la presidencia de la Generalitat, violentando con un pacto espurio en el Parlament lo que se suponía que el voto popular había consagrado.
En Catalunya, donde se juega muy a menudo a los equívocos con el lenguaje político, existe cierta tendencia a creer que el presidente de la Generalitat es una suerte de presidente de la República francesa o de los EEUU, elegido por mandato directo de los ciudadanos y situado por encima de las contiendas partidistas. Seguro que figuras como Macià en la República, Tarradellas en los inicios de la transición, y los 23 años de reinado de Pujol han contribuido también a cultivar esa imagen. Pero en esos sistemas electorales las leyes prevén un complejo sistema –checks and balances en su denominación estadounidense–, que permite que las legitimidades populares de los parlamentos y de la presidencia se equilibren. Por mucho que ese esquema entusiasme a algunos, en nuestro sistema el presidente de la Generalitat es simplemente (y no es poco) el líder de un Ejecutivo que emana de una mayoría parlamentaria. Otra cosa es que esas mayorías más o menos heterogéneas –y lo veremos también en Andalucía y Asturias, donde ahora empieza lo más difícil— logren establecer un programa de gobierno coherente y que consigan llevarlo a buen puerto al final de la legislatura. En este sentido, parace obvio que la cohesión del tripartido de izquierdas en Catalunya, pese a estar sustentada sobre montañas de compromisos por escrito, fue mucho menor que la que exhiben en estos inicios de las legislaturas española y catalana CiU y PP en su pacto sin papeles, al margen, claro está, de los tradicionales fuegos de artificio sobre cuatribarradas y rojigualdas.
Posiblemente esa sintonía en lo fundamental, que poco necesita de firmas ante notario se dé porque, parafraseando a Josep Pla aunque sea para llevarle la contraria, no hay nada más parecido a un catalán de derechas que un español de derechas.
