Pacto fiscal catalán

El nacionalismo catalán ha tenido históricamente una tendencia a reflejarse en Euskadi para hacer política en Madrid. El concierto económico de los territorios forales es motivo de sana envidia, una vez reconocido el error cometido durante la transición por los catalanes que no quisieron reclamar la recaudación de los impuestos. En Euskadi, gracias al concierto, que apoyan todos los partidos (PSE y PP incluidos), se evitan buena parte de los recortes sociales que el Ejecutivo de Artur Mas tiene que acometer por la caída de ingresos a pesar de disponer del mejor sistema de financiación. Este, que fue pactado por el último gobierno de izquierdas, es insuficiente para plantar cara a la crisis sin poner en peligro el estado del bienestar.

CiU ha pasado de la admiración por los socios del PNV a la acción, planteando para Catalunya una fórmula de concierto económico a la baja llamado pacto fiscal. Es la zanahoria de las últimas elecciones catalanas, envuelta con papel soberanista de la marca derecho a decidir, que sirve ahora al candidato Josep Antoni Duran Lleida para presentarse en campaña. Los trabajos de la comisión parlamentaria del pacto fiscal avanzan en el Parlament, a la espera las elecciones del 20-N (mayoría absoluta o victoria del PP) y de los movimientos que los socialistas catalanes hagan al respecto. Formalmente, PSC, ICV y ERC se han prestado con desigual euforia a acompañar a CiU en este camino hacia un horizonte de soberanía fiscal.

Cada vez quedará menos margen para la ambigüedad calculada que mantiene Mas en esta materia. Por muy hábil que intente ser Mariano Rajoy, y por muy inteligente que sea la candidata Carme Chacón con su tercera vía de «pacto fiscal federal», tocar la caja única española es un sacrilegio para el centralismo dominante, que a partir del 20-N será monopolio de la derecha, y supondría poner en jaque la sostenibilidad de un Estado que tira mucho de lo que recauda en Catalunya.

La apuesta catalana representa un pulso de gran calado. El partido que descarte subirse al tren de la soberanía fiscal podría ser severamente castigado en Catalunya, y de ahí la habilidad de Chacón de abrirse a la idea como aperitivo de la doctrina que deberá fijar el PSC en su congreso. También a ello se debe el acierto de la nueva ERC de Oriol Junqueras de tender la mano a CiU para que antes de ir a Madrid con la propuesta convoque un referendo en el que el pueblo catalán apoye ampliamente el derecho a decidir con el bolsillo. Un referendo pondría contra las cuerdas al próximo Gobierno español, pero también incrementaría la presión política y social sobre CiU. ¿Una zanahoria electoral con efecto bumerán?